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  • PROPUESTAS DEL OBSERVATORIO AGRARIO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA.

    Asunto: Propuestas para una necesaria modernización de la jurisdicción agraria. Ciudad de México, a los 8 días del mes de febrero de 2021. Dra. Maribel Concepción Méndez de Lara. Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario. Magistrados del Tribunal Superior Agrario. Magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios. Mtro. Luis Rafael Hernández Palacios Mirón Procurador Agrario. A su muy apreciable consideración: Desde el Observatorio Agrario A.C.[1], muy respetuosamente queremos participar en forma propositiva en la modernización de la legislación agraria en lo que respecta, en esta ocasión, al proceso agrario. Esperamos que estas ideas sean consideradas y en su caso, acompañen a las otras que hoy se discuten, ante la necesidad de construir las soluciones que la justicia agraria mexicana requiere. PREFACIO: No obstante que la pandemia vino a trastocar casi todas las dimensiones de la vida social y la actividad jurisdiccional en México, también es cierto que la necesidad de modernizar y fortalecer la justicia agraria no es nueva. La emergencia sanitaria agudizó las profundas deficiencias presupuestales, la falta de medios para enfrentar los nuevos tiempos y los notorios rezagos legislativos de la jurisdicción agraria; lo que implica la urgente necesidad de dotar a los 56 Distritos en donde se ejerce la jurisdicción agraria en México de: Personal, equipo e instalaciones adecuadas a los nuevos tiempos. Firma digital, Expedientes virtuales, Oficialía de partes hibrida y Estrados virtuales. Modernizar el derecho procesal Agrario Mexicano. Videograbación; Audiencia preliminar presencial/virtual; Audiencia campesina virtual. Las propuestas del presente estudio[2], son el resultado de la coordinación, las aportaciones de los compañeros abogados, sujetos agrarios, juristas, magistrados agrarios, jueces de oralidad civil, con quienes se comparten foros organizados por el Observatorio Agrario A.C., a quienes agradezco sus opiniones, aportaciones y largas horas de discusión y dialogo innovador. Como criterio fundamental, se privilegió el diseño de propuestas que no impliquen, necesariamente, la implementación de reformas legislativas, potenciando los siguientes elementos existentes y disponibles: Lo ya desarrollado por el Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial de la Ciudad de México en materia de: Tribunal Virtual, Tribunal Electrónico, Juicio en Línea, Expediente Electrónico o Firma Electrónica, oralidad civil. La Oralidad civil familiar y mercantil, respectivamente, reguladas en el Código de Comercio y Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México (CPCCDMX). Las facultades reglamentarias del Tribunal Superior Agrario. Por tanto, las propuestas que se describen pueden ser discutidas e implementadas con base a los siguientes criterios: Tener la voluntad de hacerlo, Buscar las alternativas normativas, presupuestales y técnicas para su implementación. En la Inteligencia de que la SEDATU, cuenta con un presupuesto sin precedentes, que bien puede ser aplicado a la justicia agraria como parte del DESARROLLO AGRARIO, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Propuestas: Con la finalidad de hacer frente a los nuevos tiempos y avanzar en la modernización de la justicia agraria, se pone a su consideración las siguientes ideas y propuestas, que solicitamos sean consideradas por el Tribunal Superior Agrario, por los Magistrados de los Tribuales Unitarios Agrarios, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional como sigue: A. Personal, equipo e instalaciones adecuadas a los nuevos tiempos: Resulta obvio que la justicia agraria requiere de funcionarios y magistrados altamente capacitados, bien equipados y con capacidades digitales y de comunicación para garantizar a los justiciables servicios modernos. A.1. El reto implica: Garantizar la salud tanto de los funcionarios, los justiciables y los abogados; Privilegiar la eficiencia en la recepción de promociones y documentos; Garantizar la integridad del expediente físico y digital y; Aumentar la capacidad de producir acuerdos y resoluciones. A.2. Se propone: Oficialía de partes hibrida: I. En tribunal superior agrario y unitarios, para recibir físicamente las demandas, contestaciones en audiencia y todas las promociones y actuaciones de los justiciables, utilizando un entorno soportado por una plataforma[3] que tenga capacidades para generar registro y sello digitales de promociones y digitalización de escritos y anexos. II. En línea[4], Por medio de una plataforma que permita recibir y transmitir documentos, escritos de impulso, promociones de trámite, desahogo de vistas, interposición de recursos; usando como elemento de acceso una firma digital confiable, (FIREL y/o E firma), generando sello digital del Órgano jurisdiccional[5]. · Registro de justiciables y abogados autorizados para recibir notificaciones vía correo electrónico. I. En forma opcional, darle la opción a los justiciables y sus abogados para ser notificados por medios digitales, por medio de plataforma y correo institucional, generando sello digital y registro de actuaciones digitales para garantizar la integridad de la comunicación procesal. II. Registro de cedulas profesionales de abogados y peritos. · Modernizar las instalaciones de las salas de audiencia: I. Adecuando las salas de audiencia con capacidades de videograbación[6]. II. Digitalización de constancias y documentos. · Homologar salarios, prestaciones y carrera judicial como sucede en el Poder Judicial de la federación: I. El trabajo de los Magistrados y personal de los Tribunales Agrarios es igual de valioso que el que hace el Poder Judicial de la Federación. II. Los candidatos para la designación de los Magistrados Agrarios deben de surgir, en forma preferente, de los propios funcionarios de los Tribunales Agrarios, en razón de su mérito y carrera. B. Firma digital, Expedientes virtuales, Oficialía de partes hibrida y Estrados virtuales. La modernización de la justicia agraria significa, necesariamente, complementar algunos elementos procesales tradicionales a la actividad jurisdiccional en línea, como los son: la firma de los justiciables, sus abogados y peritos; reconocer la producción y recepción de promociones en línea en forma segura y fiable y, garantizar la publicidad de las actuaciones y acuerdos, virtualizando los estrados y los expedientes. B.1. El reto implica: Garantizar la salud, para los funcionarios, los justiciables y los abogados, ya que la actividad en línea reduciría visitas a los TUA, para la consulta de expedientes, acuerdos y presentación de promociones. Privilegiar la eficiencia en la recepción de promociones y documentos, ya que las constancias podrán consultarse por medio de plataforma. Garantizar la integridad del expediente físico y digital y; Aumentar la capacidad de producir acuerdos y resoluciones. B.2. Se propone: I. Firma Digital: 1. Como elemento de identidad y acceso a la plataforma para poder promover, consultar expedientes en los que se esté autorizado y recibir notificaciones. 2. Se puede utilizar la E firma y la FIREL[7]. II. Oficialía de partes hibrida: 1. En tribunal superior agrario y unitarios, para recibir físicamente las demandas, contestaciones en audiencia y todas las promociones y actuaciones de los justiciables, utilizando un entorno soportado por una plataforma[8] que tenga capacidades para generar registro y sello digitales de promociones y digitalización de escritos y anexos. 2. En línea[9], Por medio de una plataforma que permita recibir y transmitir documentos, escritos de impulso, promociones de trámite, desahogo de vistas, interposición de recursos; usando como elemento de acceso una firma digital confiable (FIREL y/o E firma), generando sello digital del Órgano jurisdiccional[10]. III. Registro de justiciables y abogados autorizados para recibir notificaciones vía correo electrónico. 1. En forma opcional, darle la opción a los justiciables y sus abogados de ser notificados por medios digitales, por medio de plataforma y correo institucional, generando sello digital y registro de actuaciones digitales, arantizando la integridad de la comunicación procesal. IV. Expedientes virtuales[11]: 1. La virtualización del expediente le permite a los justiciables, a sus abogados, ya los sujetos agrarios (individuales y colectivos), tener acceso a los expedientes en trámite por medio de cualquier dispositivo, en forma segura, y evitando aglomeraciones dentro de los Tribunales Agrarios. 2. Si partimos de la idea que la mayor parte de las visitas que hacen los justiciables y los abogados a los tribunales es para consultar expedientes y tomar fotografías de los autos, el acceso al expediente virtual reduciría la carga de trabajo de los tribunales agrarios y agilizaría la actividad jurisdiccional. V. Estrados virtuales: 1. Además del sistema de consulta de acuerdos que hoy día funciona en los Tribunales Agrarios, sería importante que, a efectos de que los justiciables puedan acceder en forma oportuna a todos y cada una de las notificaciones que se realizan por estrados, cada uno de los tribunales unitarios agrarios tenga la digitalización de los acuerdos pegados en Estrados, al que se llamaría “Estrados virtuales”. 2. Lo anterior con la finalidad de garantizar la notificación por estrados a los justiciables, dándole amplia publicidad. El acceso los estrados virtuales solamente sería otorgado a las personas que tengan registro como parte dentro de esos tribunales unitarios y, garantizando así que notificaciones por estrados constituyan comunicaciones procesales efectivas. C. Modernizar el derecho procesal Agrario Mexicano: El derecho procesal agrario de corte social en México, fue diseñado a finales de los años 80’s y principios de los 90’s del siglo pasado. En su momento, fue uno de los más avanzados de America latina en la materia, privilegiando la oralidad, la equidad procesal, la libertad probatoria, la justicia sin formalismos, las sentencias dictadas a verdad sabida, entre otras innovaciones. Sin embargo, la complejidad de los litigios actuales, la jurisprudencia y las circunstancias imperantes, han superado con mucho nuestro marco legal vigente. No obstante que el proceso agrario se rige bajo el principio de oralidad desde 1992, en la actualidad, es la jurisdicción civil y mercantil en oralidad local y federal, las que han avanzado en muy pocos años en desarrollos técnicos, legales y jurisprudenciales; dando justicia pronta y expedita a los justiciables dentro de la llamada “justicia de estricto derecho”. Elementos como: la videograbación, la Audiencia previa, la oralidad procesal; entre otros, son figuras que deben ser adoptadas por el proceso agrario contemporáneo, dentro de los principios del Derecho Social Agrario. C.1. Se propone: I. Videograbación de las audiencias y privilegiar la oralidad: 1. Resulta indispensable, como sucede en los juicios orales civiles y mercantiles, que las audiencias consten en una videograbación[12], lo anterior con la finalidad de preservar en un medio digital normalizado la inmediación, las intervenciones de las partes y las resoluciones del juzgador. 2. La videograbación en conjunto con la oralidad como comunicación procesal efectiva, permitirá darle mayor agilidad al desarrollo de las audiencias, privilegiando los principios de inmediación, igualdad, concentración, continuidad, preclusión, y economía procesal; dándole certeza las partes de lo actuado, en beneficio de la certeza de la justicia agraria. II. Audiencia previa de depuración procesal, conciliación, fijación de litis y acuerdos probatorios por medio de videoconferencia: No obstante que se trata de una fase procesal regulada en la oralidad de estricto derecho, dado su contenido, es algo que sucede desde hace mucho tiempo en la práctica consuetudinaria, como uso y costumbre, en nuestros tribunales agrarios, en la llamada audiencia de ley, cuando menos en lo sustantivo. Sin embargo, esta audiencia como secuencia de fases técnicas presenta una oportunidad importante al Proceso Agrario para agilizar su trámite. 1. En la actualidad, resulta ser práctica habitual en los TUA’s, que en las audiencias de ley en la primera citación -de lograrse la presencia de las partes y sus asesores-, una vez abierta la audiencia[13]: Las partes por lo general ratifican y reproducen la fase expositiva -sus pretensiones y sus escritos-; Exhiben y ofrecen pruebas; Se intenta la conciliación; Se fija la litis; Se dictan los acuerdos probatorios, y la preparación de las pruebas con las citaciones respectivas; Se acuerda señalar nueva fecha para su continuación (para el desahogo de las pruebas) Esto, si todo resulta normal y sin prácticas desleales. 2. En la Oralidad civil, familiar y mercantil[14], la llamada “audiencia preliminar”, ha demostrado muy buenos resultados como etapa específica para depurar el proceso y acordar lo correspondiente para la fase probatoria en la “audiencia de juicio”. 3. En los juicios orales civiles, familiares y mercantiles[15], el mecanismo de la audiencia previa permite centrar el debate probatorio en los elementos fácticos que resulten controvertidos de la fase expositiva escrita, (demanda, contestación, reconvención, y excepciones procesales); 4. De igual manera, permite a las partes llegar a una conciliación, llegar a los acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios, con la finalidad de que el proceso se concentre solo en los hechos que resulten controvertidos en eficiencia de la fase probatoria. 5. De dicha etapa preliminar, resulta la resolución de las excepciones procesales, la admisión de las pruebas y, la preparación de estas; concentrando la actividad probatoria en la llamada audiencia de juicio[16]. 6. La inmediación es directa, personal y material, ya que las audiencias tienen que ser presididas y contar con la presencia del juez. 7. Por regla general, se trata de una audiencia meramente técnica y no se desahogan las pruebas, sino que por el contrario, se prepara su desahogo (como ya sucede en la práctica desde hace años en el proceso agrario vigente). 8. Es esta fase técnica la que resulta ser una oportunidad para el proceso agrario vigente. Por su naturaleza, la audiencia preliminar no contempla la posibilidad de desahogar pruebas, sin embargo, permite al juzgador y a los justiciables preparar la fase probatoria, lo cual puede realizarse en la sede del Tribunal Agrario y, desde mi muy particular punto de vista, incluso en línea, por medio de videoconferencia, contando con las partes y sus abogados, el Magistrado y el Secretario de acuerdos para dar fe y dirigir el debate. 9. Por lo que, no hay infracción al principio de inmediación, ya que el debate procesal solo es preparatorio para el desahogo de las pruebas y, en caso de que se acuerde la inadmisión de una prueba, el amparo indirecto es procedente. 10. Propuesta de Implementación: Realizar un estudio de los Acuerdos Generales conjuntos, Acuerdos Generales, Declaratorias, Reglamentos y Lineamientos instrumentados por el Poder Judicial de la Federación[17] y el Poder Judicial de la Ciudad de México[18] para la implementación de: Las firmas digitales; Expedientes virtuales; Tramitación virtual de juicios; Plataforma de transferencia de documentos; Comunicación procesal. Con base a lo anterior, con las facultades que tiene el Tribunal Superior Agrario, se redactarán los acuerdos, reglamentos, declaratorias, lineamientos y protocolos necesarios para su implementación, privilegiando los principios de ORALIDAD, PUBLICIDAD, IGUALDAD, EQUIDAD, LIBERTAD PROBATORIA, INMEDIACIÓN, CONTRADICCIÓN, CONTINUIDAD, CONCENTRACIÓN, PRECLUSIÓN. 11. SE PROPONE LA SIGUIENTE MECÁNICA PARA SU IMPLEMENTACIÓN: I. La base del procedimiento es que se encuentre reglamentado por el TSA y, que en la fase expositiva a propuesta del magistrado, quede expresado y aceptado por las partes por medio de comparecencias. II. En una primera fase de prueba, resultara necesario que el magistrado proponga esta etapa en su acuerdo de admisión de la demanda, y que la parte actora así lo acepte por medio de comparecencia en el Tribunal. Seguidamente, con la notificación y emplazamiento de la controversia agraria, se le hará saber al demandado que tiene la opción del “desahogo virtual de la audiencia de ley, para efectos de depuración procesal, conciliación, fijación de litis y acuerdos probatorios”, o bien, producir contestación en audiencia presencial en forma ordinaria. Si la parte demandada contesta dentro del término para audiencia virtual, quedara sujeto al procedimiento, si no, la audiencia se desahogara en la forma tradicional. III. Aceptado el procedimiento, las partes se identificarán plenamente por medio de comparecencia, usando el sistema de citas, incorporando copias de identificaciones y señalando correos electrónicos para recibir notificaciones. La comparecencia se practicará por medio de formatos fáciles de llenar y, sancionado por el funcionario del tribunal designado para ello. IV. El tribunal y Las partes confirmarán comunicación procesal, por medio de correos electrónicos confirmados, estableciéndose la actividad válida para notificaciones. V. Para la fijación de la fecha y hora de la audiencia virtual, las partes ya deberán haber producido la fase expositiva por medio de sus escritos de: Demanda; Contestación; Reconvención; Contestación a la reconvención; Exhibir, anunciar y ofrecer pruebas; y expresar las excepciones procesales, de haberlas. La falta de cualquiera de estos elementos, dentro de los plazos fijados en el acuerdo admisorio, dará pie a que el juzgador agrario dicte auto por el cual se señale fecha y hora para el desahogo ordinario de la audiencia de ley, en los términos que lo permita la agenda del tribunal. VI. El magistrado teniendo a la vista los escritos de las partes, tomando en consideración la reglamentación respectiva, considerará y proveerá lo necesario para que se desarrolle o no la audiencia de ley par acuerdos probatorios en forma de videoconferencia. VII. Para el desahogo de la audiencia virtual, se utilizará una plataforma de videoconferencias probada por el Poder Judicial de la Federación como salón de audiencias virtuales exclusivo para las partes (Zoom)[19]. VIII. La Liga de acceso para el salón de audiencias virtual, se enviará a las partes como notificación por correo electrónico, con apercibimiento de no difundir la liga de la sala de audiencia por ser personal e intransferible, indicando que solo se dará acceso a la sesión a las partes y sus abogados (para darle integridad a la audiencia y evitar a los llamados “trolls”). IX. Para satisfacer el derecho de la audiencia pública[20], se puede implementar canales privados de “youtube” de los tribunales agrarios (tal como lo hace la SCJN), en donde se transmitirán las audiencias (facilidad que permite Zoom), previo acuerdo al respecto, sin que se transmita la fase de identificación de las partes para proteger los datos personales, - El magistrado fijara las etapas-. X. El día y hora señalados se procederá como sigue: 1) Se abrirá la sala de espera 15 minutos antes de la audiencia, donde por chat se confirmará la presencia de las partes, verificándose que la conexión sea estable. De no haber conexión estable, se suspenderá la audiencia y se señalará nueva fecha para su desahogo virtual o presencial según se acuerde. 2) Se explicará el reglamento de uso de la voz y audiencia virtual, aceptando sus términos. 3) A la hora señalada, estando las partes y el tribunal conectados, el secretario “con roll de anfitrión” iniciará la grabación, aperturando la siguiente secuencia de fases: Abrirá la audiencia en la modalidad virtual. Solicitará que las cámaras estén prendidas y los micrófonos cerrados. Hará constar la presencia de las partes y del magistrado. Se hará constar la grabación de la audiencia, manifestándose que estará a disposición de las partes si así lo solicitan en forma oral en la audiencia. Se hará constar la identidad de las partes según costa en las comparecencias previas. Se les dará el uso de la voz a las partes para que se identifiquen oralmente, por si o por medio de sus abogados. El magistrado iniciara la audiencia para que las partes hagan efectiva la fase expositiva, quienes por orden, expondrán sus pretensiones en forma oral, ofrecerán pruebas y realizaran los pronunciamientos que se estimen pertinentes a la etapa. El magistrado como rector del debate dará el uso de la voz a las partes, primero a la actora, después a la demandada, y por turnos, según se trate la fase. De ser el caso, el magistrado se pronunciará con relación a las excepciones procesales, RESOLVIÉNDOLAS en forma oral en la audiencia, acordando lo correspondiente, dándole el uso de la vos a las partes para que se pronuncien respecto a lo resuelto. Con posterioridad, el magistrado iniciará la fase de conciliación, para lo cual, se ordenará poner en pausa la grabación, dirigiendo el dialogo para lograr la avenencia de las partes. Terminada la fase, se reanudará la grabación acordándose el resultado de esta. NO habiendo conciliación y tampoco impedimento procesal para continuar, el magistrado fijará la litis, y procederá a proveer los acuerdos probatorios, dentro de los principios del Derecho Procesal Agrario: Desahogando las pruebas que no requieran de preparación por tenerlas a la vista (documentales). Ordenando el perfeccionamiento de las que así lo requieran en los términos solicitados. Preparando las pruebas que así lo requieran, Señalando fecha y hora para el desahogo de estas en forma presencial en el tribunal. Se dará el uso de la voz a las partes para que se manifiesten con relación a la admisión de pruebas, dando la opción de poder hacerlo por escrito. Hechas las manifestaciones respectivas, se dará por concluida la audiencia virtual: El secretario dará por terminada la audiencia, dando por terminada la grabación. Se pondrá a disposición de las partes la videograbación de la audiencia, con el apercibimiento de ley de proteger los datos e información personal contenida en el mismo. Se anuncia que el acta mínima[21] de audiencia firmada por el magistrado y el secretario, se enviará vía correo a las partes. Se terminará la sesión para todos los participantes. D. Servicios virtuales gratuitos a los sujetos agrarios, por medio de Audiencia Campesina virtual, proporcionada por los Abogados Agrarios de Procuraduría Agraria y, la Cartografía, Topografía e información registral del Registro Agrario Nacional: Algunas de las necesarias lecciones aprendidas con motivo de la Pandemia de covid 19, es que el Gobierno puede estar en nuestras casas, en nuestros televisores, en nuestros celulares, computadoras y pantallas, habiendo internet y ganas de querer hacerlo. De tal suerte que se puede implementar un portal de Audiencia campesina de carácter interinstitucional, cuyas funciones sean: Acceder a las listas de acuerdos de los Tribunales Agrarios (como ya sucede ahora). Estrados virtuales de los Tribunales Agrarios. Solicitud de constancias, copias y localización de predios para que el Registro Agrario Nacional, las emita a solicitud de parte interesada y las entregue al Tribunal o al solicitante, según corresponda. Acceso a expediente virtual (una vez que se implemente). Citas de atención por medio de videoconferencias vía Zoom/ videollamadas, entre los Abogados de la Procuraduría agraria y los sujetos agrarios en atención de sus dudas, seguimiento de expedientes, y atención al público. Facilitar espacios adecuados en las representaciones de la PA, para que los judiciales, de solicitarlo, puedan tener sus audiencias virtuales, proporcionando pantalla, cámara y enlace estable. Lo anterior permitiría garantizar a los sujetos agrarios la asistencia jurídica y técnica oportuna por parte de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, dando las facilidades que les permita reducir las distancias de traslado y, lo complicado que puede ser para algunos ejidatarios y comuneros moverse desde sus lugares de origen para recibir una información que puede dárseles en forma virtual, garantizándose su salud. Para lo anterior, se requieren los siguientes elementos: Ganas de querer hacerlo. Dialogo interinstitucional para su implementación. Celebrar los acuerdos respectivos de coordinación, colaboración e implementación. Reglamentar el portal en el reglamento interior de los Tribunales Agrarios, cuando menos. Desarrollar, diseñar y lanzar el portal. Conforme a lo anterior se concluye: Primero. - Desde el Observatorio Agrario A.C., se hacen propuestas para la modernización de la justicia agraria en México, con la finalidad de que sean consideradas en las discusiones que se lleven a cabo al respecto. Atte Nayar Paredes. Presidente de Observatorio Agrario A.C. [1] https://www.observatorioagrario.org/ [2] © Derechos reservados: Nayar Emilio Paredes Nieto 2021. [3] Plataforma ya implementada por el Poder Judicial de la Federación, El PJCDMX, [4] https://opv.poderjudicialcdmx.gob.mx/opv/ https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea [5] Plataforma ya implementada por el Poder Judicial de la Federación y la Ciudad de México. [6] Como ya sucede en los juzgados de proceso oral civil del PJCDMX. [7] https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea y https://opv.poderjudicialcdmx.gob.mx/opv/ [8] Plataforma ya implementada por el Poder Judicial de la Federación, El PJCDMX, [9] https://opv.poderjudicialcdmx.gob.mx/opv/ https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea [10] Plataforma ya implementada por el Poder Judicial de la Federación y la Ciudad de México. [11] IBIDEM. [12] Art. 994, 1046 del CPCCDMX; 1390 bis 26 Código de Comercio. [13] Art. 178, 185 fracc. I [14] MD Nayar Paredes, es Abogado Certificado en Proceso Oral Civil y Mercantil y especializado en Materia Agraria [15] Civil Art. 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005; Familiar Art. 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, del CPCCDMX., 1390bis 32, 1390 bis 33, 1390 bis 34, 1390 bis 35, 1390 bis 36, 1390 bis 37, Código de Comercio. [16] Art 185 Ley agraria. [17] https://www.scjn.gob.mx/normativa/electronico [18] https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/tramites-linea/ [19] https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/juicios-por-zoom-y-covid-19 [20] Ibidem [21] Art. 995 1047 CPCCDMX, 1390 bis 26, 1390 bis 27, 1390 bis 28, 1390 bis 29, 1390 bis 30 Código de Comercio.

  • Opinión respecto de supuesta prueba confesional desahogada por video llamada.

    Inmediación y desahogo de pruebas, declaraciones de partes y actuaciones jurisdiccionales en materia agraria dentro del marco legal vigente: Ciudad de México a los 5 días del mes de febrero de 2021. A petición del Presidente de la Asociación de Academias Agrarias A.C., se realiza el presente estudio, mismo que considero oportuno ante la necesidad de modernizar la Jurisdicción Agraria en México y eliminar practicas perjudiciales en la justicia de los campesinos. Para tales efectos, se me proporciono una liga (link) que lleva a un video alojado en la plataforma YouTube[1], el cual circula en redes sociales, por lo que su acceso es público y no está restringido. Dicho video, contiene una videograbación titulada: “Audiencia Agraria por Videollamada”, por medio de la cual, su único protagonista refiere y describe ser parte en la realización de una Diligencia en sede jurisdiccional agraria, acordada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 39 en la Ciudad de Mazatlán, Estado de Sinaloa, donde: La parte demandada en una controversia agraria desahoga la prueba confesional fuera de la sede del Tribunal, realizando sus declaraciones por medio de videollamada desde su casa, sin la presencia del personal del Tribunal; usando para ello un teléfono móvil que no es de su propiedad, por medio de la aplicación de mensajería “WhatsApp”. Declaraciones que recibe la Magistrada agraria en su Tribunal, pero por medio de un teléfono celular y una bocina, artefactos que son propiedad de los abogados de la parte demandada. Nota preliminar: Dada la naturaleza del video (no es oficial), este estudio se circunscribe únicamente a su contenido literal, con la esperanza de que se trate solo de una broma o un simulacro jurisdiccional autorizado por el Tribunal Superior Agrario, implementado en la exploración de innovaciones y soluciones para modernizar la actividad de la justicia agraria. En caso contrario, según el dicho del protagonista del video, resulta preocupante lo que ese video narra conforme a los elementos que a continuación se expondrán. A.- Contexto del video: A.1 El youtuber[2] refiere ser abogado de la absolvente, manifestando que el desahogo y la instrumentación de la confesional por videollamada surgen: En un primer momento, a propuesta de la apoderada de la absolvente; En un segundo momento, con la propuesta para su implementación por parte del equipo de abogados que él encabeza; En un tercer momento, con el consentimiento del oferente de la prueba, quien al parecer coopero con su silencio -dado que no hay información de oposición al respecto; En un cuarto momento por los acuerdos del Tribunal. A.2. Al respecto, el tribunal acordó que, para el desahogo de la confesional a cargo de la absolvente, sus abogados proporcionarían los medios tecnológicos para el desahogo a distancia de la prueba confesional, utilizando para ello el siguiente material que refiere el protagonista ser de su propiedad: dos celulares propiedad de su despacho, un trípode y, una bocina. A.3. El protagonista, contextualiza el desahogo de la prueba dentro de una controversia agraria por la Prescripción Negativa (sic) de una parcela, cuyo elenco procesal, en forma esquemática, se describe de la siguiente manera: Magistrada. Secretaria. Parte actora (hijo de la demandada). Parte demandada (ejidataria de 80 años y con problemas serios de salud, que a su vez es madre de la actora y de su apoderada). Apoderada de la demandada. Abogado de la parte actora. Abogado de la demandada y protagonista del video. Otra abogada de la demandada e “influencer” Otra abogada de la demandada. A.4. En forma cronológica, según se refiere en el video, se dice que: el día 21 de enero de 2021, en audiencia de ley, la parte actora desahogó la prueba confesional a su cargo, junto con la prueba testimonial. Que con motivo de la inasistencia de la parte demandada, la magistrada diferiría la audiencia hasta el mes de marzo de 2021 para continuar la audiencia y el correspondiente desahogo de la confesional a cargo de la demandada, dado que por un tema de salud justificó su incomparecencia para el desahogo de la prueba a su cargo ese día (es decir, la prueba ya estaba admitida y preparada). Sin embargo, en el uso de la voz, la apoderada de la demandada, solicitó que la prueba fuera desahogada por medio de video llamada. Planteamiento que fue secundado por su abogado y protagonista del video y, al parecer, sin oposición de la parte actora ni de su abogado, ya que no se dice que ellos se hayan opuesto a semejante propuesta. Al respecto, en el video se dice que: La Magistrada evaluó la viabilidad de tal petición y decidió que si era posible, que había condiciones para que se desahogara en la forma propuesta, admitiendo la petición, ordenándose la preparación para su desahogo para el pasado día 25 de enero de 2021. Es decir, a petición de la representación legal de la demandada y sin oposición de la parte actora oferente de la prueba, el tribunal Unitario acuerda: Admite la propuesta de desahogo de la confesional por video llamada a propuesta de los asesores y representante legal de la absolvente. Lo que significa que ese tribunal, acordó modificar la prueba en términos diferentes a los ofrecidos por su oferente, modificándose así la admisión y la preparación previamente acordadas. Por lo cual, la magistrada al modificar la admisión de la prueba ofrecida por la actora, ordena preparar de nueva cuenta la confesional, pero ahora en los términos de la propuesta de su contraria (¿?). Acuerdos que implican modificar la actividad probatoria de la oferente de la prueba, por medio de acuerdos ajenos a su actividad probatoria, instrumentándose una nueva preparación probatoria “ad hoc”, en los términos propuestos por su contraria y, sin la intervención aparente del propio oferente de la confesional. Resultando en una variación de la actividad probatoria de la parte actora, surgida de la actividad defensiva de la contraparte, modificándose así, en forma ilegal, la prueba legalmente ofrecida, admitida y previamente preparada. Para ello produjo acuerdo de preparación, ordenándose desahogar la prueba confesional a cargo de la demandada (señora de 80 años y con su salud delicada), quien declarará desde su casa, sin que el personal del tribunal esté presente ahí, en la recepción de la prueba, quien estará asistida solo por la buena fe de sus abogados; En vez de tres meses, esta se desahogará en 2 días hábiles después de los acuerdos; Para lo cual, el tribunal acordó utilizar una intermediación tecnológica provista, no por el tribunal o por el oferente de la prueba, sino por la parte demandada, en la modalidad de videollamada por medio de la aplicación WhatsApp; Además, de muto propio, según el video, la Magistrada y la Secretaria del Tribunal acordaron la preparación de la prueba, con diversos apercibimientos de declarar confesa a la absolvente señalando supuestos y eventualidades que son ajenas a la actividad probatoria del oferente de la prueba o de la misma absolvente. A.5. La confesional se desahoga el día 25 de enero de 2021, usándose los celulares de los abogados de la demandada, donde la absolvente lo hace desde su casa y, el tribunal los recibe en su sede. Se declara la continuación de la audiencia; Se identifica a la absolvente por medio de la pantalla; No se guarda constancia de la videollamada y; El acta de la audiencia es firmada por quienes están en la sede del tribunal, es decir: la parte actora y su abogado, los abogados de la parte demandada y su apoderada, la magistrada y la secretaria, sin la firma de la absolvente. A.6. Se dice en el video de cuenta, que se trata de una “innovación” que debe de formar antecedente nacional de que ese tipo de desahogo de pruebas, auxiliado por tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) es posible, dentro del marco legal actual, lo cual es falso. A.7. En el video, se justifica la implementación de su desahogo por video llamada con motivo de: La emergencia sanitaria y; Garantizar los Derechos Humanos de los adultos mayores. Pretendidamente, como una especie de adecuación del proceso legal imperante, basándose en una malograda interpretación conforme. B.- Consideraciones preliminares: B.1. Primeramente, Sin demérito del esfuerzo realizado por la Magistrada a cargo del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, con sede en Mazatlán en el Estado de Sinaloa, se saluda la “valentía” para pretender realizar algo que, eventualmente, está envuelto en supuestas buenas intenciones. Sin embargo, se trata de una muy mal entendida “Innovación” que no le da ninguna garantía a los Derechos humanos de la absolvente, beneficiando, en todo caso al interés de la parte actora. B.2. Según lo expuesto en el video, pareciera más una “celada” en perjuicio de la parte demandada absolvente de la prueba, ocasionado por la coordinación de los antagonistas de la controversia agraria acordada sin su presencia; en clara colusión de los dos hermanos, lo que da por resultado, desde mi muy particular punto de vista a los siguientes efectos negativos: Actos perjudiciales a los derechos agrarios y humanos de la demandada absolvente; Su desahogo en la forma expuesta, desde luego compromete la institucionalidad jurisdiccional; Por los artificios en su desahogo, transgreden el debido proceso, la integridad procesal y probidad de la prueba; Resultando en una franca y clara trasgresión: a la legalidad, inmediación y principio de verdad sabida, el orden jurídico adjetivo y probatorio del proceso agrario vigente. Lo anterior es así, desde esta opinión, conforme a lo siguiente: C. Actividad probatoria en el Derecho Agrario vigente en el caso concreto: C.1. De conformidad con los artículos: 1º, 14, 16, 27 fracción XIX, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1º, 2º, 8º fracción X, 18, 21, 30 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; artículos 1, 2, 3, 59, 65, 66, 67, 68, 81, 82 del Nuevo Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios; artículos 48, 163, 167, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 194, 195, de la Ley Agraria; artículos 1, 14, 18, 54, 57, 60, 61, 79, 80, 81, 90, 93, 95, 99, 102, 107,108, 113, 114, 116, 117, 170 y demás relativos y aplicables del Código Adjetivo Federal de aplicación supletoria; artículo 172 fracción III de la Ley de Amparo; artículos 156, 157, 158, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este último solo por mera analogía, llegamos a las siguientes reflexiones al respecto: El Tribunal Unitario Agrario, en “estricto sensu” es donde se reciben documentos, se forman y tramitan los expedientes y, se atiende a los justiciables con las debidas garantías, dentro de los horarios y con el personal destinado para la impartición de justicia. Sin embargo, "lato sensu”, hay Tribunal Unitario Agrario, donde se encuentre el Magistrado con jurisdicción para la impartición de justicia y el funcionario secretario que dé fe de las diligencias y los actos relacionados con la jurisdicción que les fue encomendada por la Ley. En la Itinerancia, la prueba testimonial y en la confesional, las declaraciones y desahogo de estas pruebas se pueden practicar respectivamente y en forma excepcional: en el domicilio de los testigos/absolventes, previa la justificación de la necesidad de que así sea o, donde se acuerde la realización de justicia itinerante, según el programa acordado para ello. La implementación de “innovaciones”, corresponde al Tribunal Superior Agrario reglamentarlas o bien, tomar acuerdos al respecto, ya que es el órgano que tiene las facultades reglamentarias para el buen funcionamiento de los Tribunales Unitarios. Por lo cual, la inmediación exige la presencia directa, personal y completa del tribunal (lato sensu y estricto sensu) al momento de la recepción de pruebas. C.2. Las pruebas, no obstante que están dirigidas al juzgador para acreditar o no los hechos puestos a su consideración, resultan siempre de la actividad probatoria de sus oferentes o por el juzgador agrario para incorporar los elementos que considere necesarios para resolver a verdad sabida. Por lo que su admisión, preparación y desahogo son de orden público. Lo que implica que los actos probatorios deben ser acordados garantizándose siempre: En forma general, la legalidad, objetividad y veracidad de estas; Su preparación conforme a lo pedido por el oferente y en términos de ley. La identidad fehaciente de las partes en la participación y firma de las actas de las diligencias probatorias en que participen. Su desahogo en audiencia de juicio, en forma pública y donde premie la inmediación, es decir, la directa participación del Juzgador en la práctica y recepción de la actividad probatoria de las partes. Que las diligencias se hagan constar en medios regulados por la ley. Actuar en contrario, compromete el resultado de las pruebas en la sentencia, viciando el debido proceso. C.3. La prueba Confesional, dada su naturaleza es de carácter personal, es decir, el absolvente adquiere la obligación de presentarse ante el juzgador para absolver posiciones producidas por su contraria, previa calificación de legalidad, lo cual puede ser: En forma personal respecto de hechos propios. En forma personal en su domicilio, por razones de salud. Por medio de representante de la persona física, previo acuerdo al respecto. Por medio de representante legal en tratándose de personas morales. Por medio de oficio, tratándose de funcionarios de la Administración Pública y Autoridades. Y, en todos los casos, sin asistencia de abogados o asesores, para garantizar la objetividad y veracidad de las declaraciones resultantes. C.4. En cuyo caso, el desahogo personal de la prueba confesional, dada su naturaleza es, indefectiblemente, en presencia del tribunal, es decir, en la sede del tribunal o, lato sensu, cuando menos en presencia del Magistrado y su secretario. D. ILEGALIDAD DE LA CONFESIONAL POR VIDEOLLAMADA DENTRO DEL MARCO ACTUAL DE LA Justicia Virtual en México: D.1. Ahora bien, desahogar la prueba confesional por medios electrónicos, considero que, en materia agraria, en este momento es ilegal, y en al caso concreto era INNECESARIO, A saber: 1. Pensando en que sea posible. – La reglamentación para el desahogo y la práctica de diligencias probatorias no expresamente observadas por la ley, es competencia del Tribunal Superior Agrario y, que yo sepa, al momento de la realización de este estudio no hay reglamento al respecto. 2. La videollamada, (WhatsApp, Zoom, Teams, Telegram, etc) no obstante que se ha convertido en un medio de comunicación habitual, no significa que sea un medio procesal aceptado para el desahogo de pruebas. Para que eso suceda, se debe de garantizar la integridad de ese medio de comunicación para señalarlo como un medio de comunicación procesal legal para la práctica probatoria en forma objetiva, por medio de un dictamen técnico avalado por un órgano competente para ello (TSA). EN CUYO CASO, DEBE DE QUEDAR CONSTANCIA LEGAL DEL TAL COMUNICACIÓN PROCESAL, lo que en la especie no sucede. 3. Sin embargo, de ser posible, los medios para la recepción probatoria tienen que ser proporcionados por el órgano impartidor de justicia, si se trata de una comunicación procesal reglamentada o, con los elementos que la ley o el reglamento establezcan como idóneos para la práctica de actuaciones jurisdiccionales virtuales por las partes; siempre verificándose la identidad de las partes, la lealtad procesal y la probidad de la actuación judicial que se practique. D.2. Para llegar a la justicia virtual, el Poder Judicial de la Federación[3] desde 2014, ha desplegado y promovido, Reformas legislativas, Acuerdos Generales y Reglamentos que le permiten tener interacción virtual con los justiciables, proporcionando: Tribunal Virtual, Tribunal Electrónico, Juicio en línea, Expediente Electrónico y firma electrónica[4]. Al respecto, y con motivo de la emergencia sanitaria por el Covid 19, se han venido instrumentando algunos tribunales/juzgados virtuales/electrónicos en los Estados de: México[5], Nuevo León[6], Ciudad de México[7], Oaxaca[8], Puebla[9],entre otros, con las limitaciones propias del reto nacional de la justicia virtual y la inmediación. D.3. Sin embargo, del estudio de estas “jurisdicciones virtuales”, ni por analogía o en forma expresa, se tienen reglamentado el desahogo de pruebas confesionales ni mucho menos declaraciones de partes en tratándose de acciones derivadas de derechos reales en forma virtual. E. Por lo cual, se llega a la conclusión que la prueba confesional desahogada en forma de videollamada en sede jurisdiccional agraria, es una actuación Ilegal, y ADEMÁS innecesaria, ya que la magistrada agraria TRANSGREDE el debido PROCESO: Al acordar una videollamada para el desahogo de la prueba confesional, cuando la magistrada está facultada para recibir la prueba en el domicilio de la absolvente o por medio de SU APODERADA que está presente en las audiencias, de donde resulta innecesario hacer videollamadas ilegales. Al sustraerse de su obligación de la inmediación al momento de recibir la prueba confesional por videollamada. Al variar la prueba en la forma en que fue ofrecida por su oferente de mutuo propio. Al variar la previa admisión de la prueba y su preparación. Al preparar de nueva cuenta la prueba, para su desahogo por un medio audiovisual no reglamentado y en forma ad hoc. Al auto eximirse de preservar la evidencia digital de la videograbación, ya que la fe pública del órgano jurisdiccional no puede sustituir las constancias de las mismas actuaciones. Al omitir Identificar a la absolvente en forma personal, ya que no es legal hacerlo por medio de una pantalla, para darla por presente en la continuación de la audiencia. Al dispensar a la absolvente de firmar personalmente el acta resultante de la prueba confesional a su cargo. Al restringir en forma injustificada los principios de oralidad, audiencia pública y probidad probatoria, ya que en todo caso, el desahogo de la prueba tiene que ser de tal forma que garanticen la participación de las partes en el desahogo y, en su caso, la presencia del público interesado en la audiencia. Al Instrumentar videollamadas o cualquier otro medio de recepción y desahogo de la prueba, que no esté expresamente señalada por la ley o autorizado por el Tribunal Superior Agrario en forma de acuerdo o reglamento. Al Utilizar instrumentos de comunicación ajenos y no autorizados, para pretender establecer una comunicación procesal con efectos de desahogo de prueba. E.1. En todo caso, la Magistrada y el Secretario, tenían la opción de recibir la confesional por medio de la apoderada de la demandada o, en el domicilio de la absolvente, FUNDÁNDOSE en lo previsto en el código procesal federal de aplicación supletoria al procedimiento agrario, sin la necesidad de recurrir a artificios ilegales, como son los teléfonos celulares de los abogados. Para su estudio, resultan pertinentes los siguientes criterios y jurisprudencias relacionadas con el caso concreto: Registro digital: 197156 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: XI.3o.2 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 1073 Tipo: Aislada CONFESIONAL. MATERIA AGRARIA. Como en los juicios agrarios rige el principio de oralidad y son admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley, y los tribunales pueden acordar en todo tiempo la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos litigiosos, según lo prevén los artículos 178, 185 y 186 de la Ley Agraria, resulta que no es aplicable supletoriamente el precepto 103 del Código Federal de Procedimientos Civiles y, por ello, no se puede desechar la prueba confesional por falta de presentación del pliego de posiciones, máxime que las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, como lo establece la fracción II del invocado artículo 185. Registro digital: 202857 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: VI.4o.1 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Marzo de 1996, página 873 Tipo: Aislada AGRARIA, SUPLETORIEDAD DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DEL OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA CONFESIONAL, EN MATERIA. Conforme a lo dispuesto en los artículos 167, 178 y 186 de la Ley Agraria en vigor, el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en la Ley Agraria y fuere indispensable para completar el título décimo, relativo a la justicia agraria, siempre y cuando las disposiciones adjetivas civiles no se opongan directa o indirectamente a dicha Ley Agraria; asimismo, que en la tramitación del juicio agrario los tribunales se ajustarán primordialmente al principio de oralidad; y, en el procedimiento agrario serán admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley, y los tribunales podrán acordar en todo tiempo, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. De tal manera que no es válido desechar la prueba confesional con base en el artículo 103 del código adjetivo en cita, so pretexto de que no se exhibió pliego de posiciones, máxime si al ofrecerse la prueba en cuestión, se señaló que deberá desahogarse al tenor de las posiciones que en su oportunidad se formularían, previa su calificación legal; siendo evidente que el precitado dispositivo legal se opone no sólo al principio de oralidad que rige el procedimiento agrario, sino también al que establece que no sean contrarias a la ley, de ahí que la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, no puede establecerse para desechar la prueba confesional. Registro digital: 209565 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Administrativa Tesis: XVII.2o. 14 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV, Enero de 1995, página 287 Tipo: Aislada PRUEBA CONFESIONAL OFRECIDA COMO TAL Y ADMITIDA COMO TESTIMONIAL. INDEBIDO PROCEDER DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Dada la naturaleza jurídica de las pruebas confesional y testimonial, pues la primera versa sobre hechos propios, lo que la distingue de la segunda; el Tribunal Unitario Agrario procedió indebidamente al admitir como testimonial la prueba confesional ofrecida por una de las partes; sin que tal proceder lo justifique el hecho de que alguna de las preguntas relativas a dicha probanza son propias de prueba testimonial, ya que, por los motivos anotados y, consecuentemente, al no poder reunirse en una misma persona el doble carácter de testigo y para absolver posiciones, debió rechazar aquellas preguntas que no fueran propias de la prueba confesional, pero no cambiar ésta, teniendo por ofrecida la testimonial, con lo cual se actualiza la hipótesis jurídica prevista por el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo. Registro digital: 2020268 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 54/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 68, Julio de 2019, Tomo I, página 184 Tipo: Jurisprudencia PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE LA PRUEBA. EXIGE EL CONTACTO DIRECTO Y PERSONAL DEL JUEZ CON LOS SUJETOS Y EL OBJETO DEL PROCESO DURANTE LA AUDIENCIA DE JUICIO. Del proceso legislativo que culminó con la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se advierte que para el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que servirán para decidir sobre la responsabilidad penal de una persona, deben ser presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia. Los alcances de dicho propósito implican reconocer que es en la etapa de juicio donde la inmediación cobra plena aplicación, porque en esta vertiente configura una herramienta metodológica para la formación de la prueba, la cual exige el contacto directo y personal que el juez debe tener con los sujetos y el objeto del proceso durante la realización de la audiencia de juicio, porque de esa manera se coloca al juez en las mejores condiciones posibles para percibir –sin intermediarios– toda la información que surja de las pruebas personales, es decir, no sólo la de contenido verbal, sino que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos. Registro digital: 2002615 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: IV.3o.T.17 L (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, página 2125 Tipo: Aislada PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL JUICIO LABORAL. EN SU DESAHOGO LA JUNTA NO PUEDE VARIAR LOS TÉRMINOS DE SU OFRECIMIENTO. De la interpretación del artículo 783 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la obligación a cargo del trabajador de acreditar el estado de invalidez con la prueba pericial médica, se concluye que si bien es cierto que la Junta tiene el deber de proveer lo necesario para esclarecer la veracidad de los hechos, también lo es que debe velar porque las pruebas se desahoguen en los términos en que se hayan propuesto; de modo que si dicha prueba se ofreció para examinar las patologías del trabajador y dictaminar si reunía los requisitos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social para el otorgamiento de la pensión de invalidez, es inconcuso que no podía de oficio, ni a petición de la demandante variar su desahogo para deducir si las enfermedades que padece se aprecian con base en los antecedentes médicos que obran en su expediente clínico; porque la Junta no puede revocar sus propias determinaciones, conforme al artículo 848 de la citada ley laboral y, tampoco es a elección para la oferente optar en que la recepción de la prueba se realice sólo en ese expediente clínico si, además, los peritos requieren de apreciar a través de sus conocimientos las patologías alegadas. Por estas razones, resulta irrelevante que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenga o no la obligación de conservar dicho historial, en términos del artículo 784 de la ley de la materia y del reglamento de prestaciones médicas de dicha institución, dado que la responsable se encuentra impedida para ordenar su verificación en una forma distinta a aquella en que se propuso. Registro digital: 205065 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: I.6o.T.9 L Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Junio de 1995, página 511 Tipo: Aislada PRUEBA TESTIMONIAL. DEBE DESAHOGARSE EN LOS TERMINOS EN QUE SE ADMITIO. Cuando una Junta admite la prueba testimonial en los términos propuestos por el oferente, no puede con posterioridad, bajo pretexto de regularizar el procedimiento, variar su forma de desahogo, pues tal variación implica una violación de carácter procesal prevista por la fracción III, del artículo 159 de la Ley de Amparo. Registro digital: 2016976 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: II.2o.C.18 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2436 Tipo: Aislada AUDIENCIA ORAL EN CONTROVERSIAS SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR. LA VIDEOGRABACIÓN Y EL "ACTA MÍNIMA" ELABORADA, CONSTITUYEN UN SOLO ACTO DE AUTORIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 5.27 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establece la elaboración de un acta de audiencia, que en la práctica forense se denomina "acta mínima", la cual debe contener fecha, lugar, hora de inicio y término, nombre de los servidores públicos y personas que intervengan, la relación de los actos procesales celebrados y la mención sucinta de requerimientos, citaciones, apercibimientos y cualquier otro acto que el Juez considere necesario comunicar a las partes o terceros que no asistan, la cual será firmada por el Juez y el secretario. No obstante, esta "acta mínima" no es suficiente para examinar la constitucionalidad, convencionalidad o legalidad de los actos judiciales que se realizan en la audiencia oral, y que se conservan en este caso, en un disco en el cual se registra la videograbación, ya que la oralidad es el instrumento que permite actualizar y dar eficacia a los principios de debido proceso, de manera que no es factible considerar que la resolución escrita complemente a la oral; es decir, no significa que existan dos actos que puedan impugnarse, sino que esas actuaciones (determinación emitida en la audiencia oral, que consta en un disco en el cual se videograba y el "acta mínima" que consta por escrito), constituyen un solo acto de autoridad. Empero, esa "acta mínima" que obra por escrito tiene su origen en la audiencia en la cual se emiten las determinaciones referentes a la revisión de las medidas provisionales respecto de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (guarda y custodia, régimen de convivencias, alimentos, terapias y atención médica respecto de menores), regidas por los artículos 5.3, 5.9, 5.10, 5.18 y 5.23 del código procesal citado, por lo que sólo constituye un registro de las consideraciones expresadas verbalmente en la audiencia; de ahí que para poder conocer los motivos y fundamentos que sustenten lo resuelto en torno a la revisión de esas medidas provisionales es imprescindible conocer lo pronunciado en la audiencia de manera oral. Conforme a lo anterior, se concluye: En caso de que no se trate de una broma y no sea un simulacro, desde luego que resulta procedente, mínimamente: se le de vista a la Procuraduría Agraria y a los Órganos Internos de los Tribunales Agrarios para verificar el resultado de la audiencia y se salvaguarden los derechos agrarios de la demandada. Atte. MD. Nayar Emilio Paredes Nieto Presidente del Observatorio Agrario. [1] https://www.youtube.com/watch?v=eLPPofi08_Q https://youtu.be/eLPPofi08_Q [2] Youtuber es un usuario que introduce y comparte vídeos llamativos en la red social YouTube con el objetivo de causar interés a la comunidad de seguidores de la que dispone y que ésta vaya en aumento.- https://economipedia.com/definiciones/youtuber.html [3] https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea [4] https://www.scjn.gob.mx/normativa/electronico [5] https://www.pjedomex.gob.mx/vista/1_inicio [6] https://www.pjenl.gob.mx/ayuda/index.asp [7] https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/tramites-linea/ [8] https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/ [9] http://htsjpuebla.gob.mx/secciones/poder_judicial/tv.php

  • Derecho Agrario: Género, igualdad y, órganos de representación ejidal y comunal.

    Derecho Agrario: Género, igualdad y, órganos de representación. Por Nayar Paredes Observatorio Agrario A.C. Ciudad de México a 20 de noviembre de 2020 ¿Reformas electoreras ó donde está la bancada agraria/agrarista en la cámara de diputados? Para propios y extraños, más por ignorancia que por razón, las instituciones del derecho agrario resultan inconexas con algunos supuestos con lo que ahora se quiere denominar “modernidad” y, algunas opiniones y buenas intenciones legislativas sin argumento, terminan dentro del discurso de la posverdad, la futilidad legislativa y, protagonismos para los propósitos de la agenda electoral de 2021. Lo cierto es que, en la actualidad, no hay una didáctica ni un discurso con relación a: El Desarrollo Agrario, los fundamentos estructurales de las instituciones agrarias, la naturaleza de la propiedad social en su conjunto y, la función social de la propiedad; simplemente porque el Derecho Agrario ha sido abandonado por las universidades, por la academia y por los legisladores y la clase gobernante. Esto quedó evidenciado el día de ayer, cuando la Cámara de Diputados aprobó, en forma casi unánime, reformas promovidas por diputados del PRI y PT, a la Ley Agraria en vigor, respecto de los artículos 17, 18 y 37; adicionando y modificando dichos dispositivos legales, con una pretendida intención de equidad de género, he incorporando la representación en sustitución de los titulares con motivo de los fenómenos de migración, desaparición y ausencia de los titulares de derechos agrarios individuales, dentro de los núcleos agrarios. Estás reformas requieren una necesaria reflexión, ya que hacen evidente la crisis que vive el Derecho Agrario mexicano contemporáneo. 1.- contexto general. Groso modo, la propiedad social en México representa poco más de 50% de total de territorio nacional, territorio propiedad de más de 32,000 sujetos agrarios de carácter colectivo y 5.5 millones de sujetos agrarios individuales, en los cuales están incluidos: ejidos, comunidades agrarias, colonias agrícolas y; hombres y mujeres que viven en el campo como sujetos individuales denominados: ejidatarios comuneros avecindados posesionarios, nacionaleros, colonos agrícolas, entre otros. La propiedad social, la institucionalidad agraria, el Derecho Agrario y el Desarrollo Agrario son consustanciales a nuestra constitución política y, tienen un impacto sustantivo en la totalidad de los ámbitos territoriales de nuestro país[1]. 2.- Igualdad y género. 2.1.- Marco Constitucional. - De conformidad con nuestra Constitución, todas las personas (hombres, mujeres, personales morales, etc.) gozarán de los Derechos Humanos reconocidos por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también, de los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Tales derechos deberán de ser interpretados favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia[2]. En este mismo sentido, está prohibida la discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas[3]. El texto constitucional también establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley[4]. Es decir, la igualdad de derecho y la igualdad sustantiva con relación al acceso y disfrute de los Derechos Humanos, son temas que constitucionalmente están tutelados y salvaguardados en el más alto nivel normativo mexicano y materializado por medio de la actividad de las instituciones de la República. 2.2.- Marco legal agrario. - En materia agraria, el artículo 12 de la Ley agraria en vigor establece que: son ejidatarios los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales. Por otra parte, Los avecindados son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo agrario y, que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal y/o por el Tribunal unitario Agrario competente, según sea el caso, otorgándose a ellos los derechos que la ley les confiere[5]. Por su parte, los posesionarios son aquellas personas que han adquirido legalmente derechos superficiales dentro de los núcleos agrarios y cuyo carácter ha sido reconocido o regularizado por la asamblea general de ejidatarios o, en su caso, por las resoluciones de los tribunales agrarios según corresponda[6]. En materia de Sucesiones, la legislación agraria faculta a los titulares de derechos agrarios, para designar a su sucesor por medio de lista de sucesión, en donde constan los nombres de las personas en orden de preferencia, facultando al titular para designar al cónyuge, concubina o concubinario, a uno de los hijos o, a uno de los ascendientes o a cualquier persona[7]. En la sucesión legítima agraria, los sujetos legitimados para reclamar la titularidad de los derechos agrarios del autor de la sucesión podrán hacerlo en orden de preferencia respecto al siguiente orden[8]. · Al cónyuge; · La concubina o concubinario; · Uno de los hijos del ejidatario; · Uno de los ascendientes; · cualquier otra persona de las que dependen económicamente de el Por tanto y para los efectos legales de interpretación legal y legislativa, las palabras: ejidatario, avecindado, posesionario, sucesor, persona, cónyuge, concubina o concubinario o hijos; bajo ningún concepto pueden tratarse, interpretarse o entenderse dentro de la dimensión de un solo género, dado que son palabras de naturaleza sustantiva dentro de un contexto abstracto, utilizadas por el legislador en una ley para definir a “los” “sujetos” de derechos, en cuya concepción y lexema se incluyen ambos géneros masculino y femenino. Lo anterior se robustece en términos del texto constitucional con relación a la igualdad legal y sustantiva entre hombres y mujeres, y el acceso universal a los derechos fundamentales y Humanos qué consigna la Constitución mexicana. 2.3.- Reformas del 19 de Noviembre de 2020.- Sin embargo, el día de ayer, la Cámara de los Diputados en forma mayoritaria, prácticamente unánime, aprobaron un conjunto de modificaciones a la ley agraria en las cuales se incorporan la palabra “hijas” y, además, se impone la obligación a las asambleas de los núcleos agrarios para que en la elección de los órganos de representación, se establezca como obligación, una configuración por género del 50% respecto de las personas que conformarán las planillas[9]. “Pregúntome” yo: · ¿”hijos” como sustantivo en plural de “hijo”, solo aplica a varones? · Entonces, ¿si yo tengo dos hijos y una hija, me tengo que referir a ellos en plural como “mis hijos y mi hija”, sin poder englobarlos en el plural “hijos”? · ¿Sí he donado una casa a mis “hijos” en copropiedad y proindiviso, se entenderá entonces que solamente se la entregue a mis dos hijos varones? · De tal suerte que: ¿si la ley dice que yo soy responsable de mis hijos con relación al ejercicio de la patria potestad, solamente me refiero a los hijos varones? · Y ya en el caso concreto: Si la ley agraria no hace distinciones de género, dado su carácter abstracto ¿emplear el plural “hijos”, excluye a las hijas? Conforme lo anterior, les preguntó a los legisladores. · ¿Incorporar la palabra “hija” dentro del capítulo de las sucesiones agrarias, les da más equidad e igualdad sustantiva a las mujeres campesinas? · ¿Incorporar la palabra “hija” a la ley, le da más poder y participación a la mujer campesina dentro de la propiedad social? · ¿Incorporar la palabra “hija” o “hijas”, refuerza la igualdad sustantiva respecto de la sucesión y los derechos individuales dentro del campo mexicano? 3.- órganos de representación y cuota de género. Recuerdo que en la anterior legislatura, ya se había implementado un supuesto mecanismo de equidad de género por medio de cuota para incorporar a las mujeres a los órganos de representación ejidales y comunales, quedando en un 60%[10] las proporciones por genero (léase: 60-40 ya sea hombres y/o mujeres) Ahora, la nueva reforma, establece en un 50% la proporción de género que se deberá tener en los órganos de representación y, en las comisiones y secretarios auxiliares que formen los núcleos agrarios, según su naturaleza y actividad[11]. Esta nueva reforma implica, lamentablemente, solo un cambio en la proporción, pero creo que, en el imaginario de los legisladores, tiene la ufana idea que eso favorece la igualdad entre hombres y mujeres dentro del núcleo Agrario y su democracia interna. Desde nuestra experiencia y de conformidad con amplios estudios al respecto realizados por instituciones nacionales y extrajeras[12], resulta obvio que hay un diagnóstico amplio respecto de los obstáculos de la mujer rural mexicana, dentro de los pueblos y núcleos agrarios, lo que los legisladores creo que no observaron, sin embargo aportamos los siguientes tópicos, sin excluir muchos más: El problema principal en las asambleas, respecto de la equidad de género y, además, la democracia interna de los núcleos agrarios, juntamente con la corrupción en los órganos de representación son los cacicazgos. Esas estructuras de poder e influencia engendradas dentro de las asambleas y los pueblos, que les permiten adueñarse de las representaciones ejidales y comunales y apropiarse de los bienes y beneficios colectivos, concentrado los beneficios en manos de una misma familia, un mismo grupo o, a una sola persona. Después tenemos la distribución de los recursos que llegan a los núcleos agrarios, en donde se privilegia a los titulares de los Derechos y a los amigos del cacicazgo, excluyéndose a las familias campesinas que, por ausencia o ignorancia de su titular, no logran recibir los beneficios que les corresponden en lo colectivo y en lo individual. Después tenemos el problema del acceso de la Tierra a las mujeres, en dónde por su “condición femenina” se les excluye de las decisiones agro-productivas de los núcleos agrarios. Sin embargo, son las mujeres quienes en el ámbito de su trabajo, su experiencia y su inteligencia, con quienes se puede construir la modernización e innovación de muchas de las actividades agro-culturales que requiere el territorio social mexicano. La mujer campesina, por lo general, es quién conserva el acervo ancestral de la medicina herbolaria, el cuidado de las semillas, las tradiciones y la gastronomía; además la mujer campesina es la formadora de campesinos mexicanos, ya que no existe otra forma de adquirir el hábito y el amor por la tierra que el que se obtiene a través de los padres campesinos, y en ausencia del padre, de la madre ejidataria, de la madre comunera, de la madre indígena. Ahora bien, en muchas partes del país, la estructura matriarcal incluso impone sus condiciones sin necesidad de que las mujeres tengan que participar en forma directa en las decisiones y deliberaciones de la asamblea ejidal, ya que las decisiones han sido tomadas desde la casa y en el núcleo de las familias. Las estructuras patriarcales y machistas arraigadas en la cultura campesina mexicana, también constituyen un factor de exclusión de la mujer al interior de las decisiones campesinas, dentro de los núcleos agrarios y, sin embargo, sigue siendo la mujer el principal apoyo en las actividades agro-culturales en la producción de alimentos de subsistencia y autoconsumo, ya que en ellas recae la función de preservar y cuidar las semillas y los productos para su eventual conservación, venta o intercambio. El fenómeno migratorio de los hombres a las ciudades o al extranjero, ha dejado y deja miles de mujeres al frente de la familia campesina y al frente de las responsabilidades de la Tierra, en ellas se deposita la vigilancia de las aparcerías, arrendamientos o bien, de los tratos verbales hechos por los hombres titulares de las tierras para que otras personas trabajen las tierras en ausencia del titular. En este contexto de migración, y ante el fenómeno del crimen organizado, las mujeres se han organizado para el cuidado de la tierra, la casa, los hijos y las cosechas en formas solidarias, nexos comunitarios que permiten la construcción y reconstrucción el tejido social desgarrado por la inseguridad, el narcotráfico, y otras actividades ilícitas. La mujer rural mexicana, ejidataria comunera, jornalera; tiene relevancia en la ruralidad, sin la necesidad de que estás tengan que participar en los órganos de representación ejidal/comunal. Tan sólo analicemos que, en muchas de las asambleas ejidales, el grupo de mujeres dentro de la asamblea son quiénes terminan definiendo la elección/decisión; ya que, por lo general, están más organizadas y con una capacidad de comunicación incluso superior a la de muchos de los grupos de interés / cacicazgos internos. Por eso no es extraño que, cuando se requiere obtener un acuerdo de la asamblea general de ejidatarios, se tiene que hablar necesariamente con tres personas: El presidente del comisariado ejidal, el cacique de la asamblea y, la más influyente del grupo de mujeres de la asamblea de ejidatarios. En la mayor parte de los pueblos del Centro, Norte y sureste del país, las mujeres campesinas se han venido organizando para: · El cuidado de los hijos; · Para el cuidado de las tierras; · Presiden los comités de Progresa, y demás programas asistenciales; · Prestan su trabajo como jornaleras y trabajan en los deshierbes y demás trabajos propios de la Tierra, en tierras propias y ajenas; · Se organizan para mejorar la educación de los hijos en los comités de mejoras de las escuelas; · Están presentes en los comités de infraestructura, agua potable alcantarillado; · Y nutren con su presencia, trabajo y decisiones a las asociaciones de padres de familia y comités de festejos de los pueblos. En general, encontramos a las mujeres perfectamente bien estructuradas dentro de espacios de decisión y participación comunitaria, pero su trabajo no es remunerado y tampoco reconocido. Quisiera preguntarles a los legisladores: ¿para tomar sus decisiones, tenían pleno conocimiento de la realidad del campo mexicano? Para no continuar en esta exposición, la que requeriría un trabajo académico mucho más profundo, aportamos al debate serio, desde el Observatorio Agrario A.C., las siguientes propuestas para mejorar las condiciones de igualdad equidad de género y democracia interna dentro de los núcleos agrarios mexicanos. · Hacer obligatoria la rendición de cuentas de los integrantes del comisariado ejidal y, establecer mecanismos para resguardar los acervos administrativos, contables y patrimonio de los núcleos agrarios, con intervención directa de la Procuraduría Agraria. · Tipificar penalmente el ocultamiento, destrucción o alteración de los archivos ejidales, en donde consten las decisiones de las asambleas ejidales y la distribución de recursos destinados a los campesinos y titulares de derechos ejidales y comunales. · Proteger, asegurar y defender el salario y prestaciones sociales (salud, PENSIÓN) de la mujer campesina, sea dueña, titular, o jornalera agrícola. Ya que ese ingreso da sustento a los campesinos mexicanos y aporta en una forma importante a los ingresos y superación de la pobreza de la familia campesina. · Diseñar la APARCERÍA familiar agraria, la cual podrá ser formalizada por medio de contrato-modelo elaborado por PA o, por medio de avisó simple y por escrito del titular de los Derechos agrarios, en donde comunica a los integrantes del comisariado ejidal la transferencia temporal del uso, aprovechamiento y trabajo de las tierras, así como gestión de recursos y representación en la asamblea a los integrantes de su familia, incluida su participación en las asambleas ejidales de formalidades simples y de formalidades especiales. · Darle a la Procuraduría Agraria, por medio de su estructura territorial, la facultad de sancionar la rendición de cuentas de los integrantes del comisariado ejidal, la cual deberá de ser rendida anualmente acompañada del dictamen de un funcionario de la procuraduría agraria, dentro de las estructuras estatales, en donde se valide y califique dicha rendición de cuentas. · Establecer dentro de la ley de desarrollo rural sustentable, presupuestos etiquetados y destinados en forma directa a las mujeres campesinas a cargo de las unidades de producción ejidales y comunales, para que las mujeres y las familias campesinas, puedan acceder a recursos, créditos, subsidios, transferencias, paquetes tecnológicos, asistencia técnica y acompañamiento productivo y en la comercialización, garantizándose su efectiva inclusión en el desarrollo agropecuario del sector social mexicano. · Reconocer y pagar el trabajo de las mujeres rurales dentro de todos y cada uno de los comités de obras dentro de los pueblos, en donde se haga constar su trabajo, opinión y decisiones; para que trascienda en obras de infraestructura en mejora de las condiciones de la familia campesina. · Reconocer y pagar la labor de la mujer campesina dentro del ámbito de la preservación de los bosques, selvas, reservas ecológicas y ecosistemas que se encuentran comprendidos dentro de la propiedad Social, privilegiando la participación de la mujer campesina y sus familias en la preservación de los ecosistemas , en aras de una nueva y mejor generación de campesinos mexicanos. · Asignar recursos específicos en el ámbito Estatal, municipal y federal, destinados a la mujer campesina para su formación capacitación e inclusión en las decisiones de los ejidos comunidades pueblos y actividades agropecuarias, para maximizar así su actividad agro-productiva en el sector social. · Articular programas de comercialización valor agregado industrialización mecanización y tecnificación con enfoque de género, para privilegiar las actividades, trabajo, ideas, participación de la mujer campesina del sector social, dentro de la transformación de sus comunidades. · Establecer programas y esquemas públicos y privados de ahorro, crédito y transferencias destinadas a la mujer campesina, fomentando su actividad y diversificar las posibilidades de inclusión económica y agro productiva en las localidades y poblaciones. Es decir, más allá de poner “hija” o “hijas” en los artículos de la sucesión agraria, lo que se requiere es una visión amplia que garantice la efectiva integración de la mujer campesina en el ámbito del desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, así como también garantizar efectiva su participación en las actividades decisiones y organizaciones, qué signifique, hacer afectivo el Desarrollo Agrario en el sector social de la producción mexicana. En la tierra de México, está la oportunidad de hacer justicia y traer prosperidad. MD. Nayar Emilio Paredes Nieto Observatorio Agrario A.C. [1] Elaboración propia con información del Registro Agrario Nacional Y SEDATU. [2] Constitución Política de los Estado unidos Mexicanos, artículo 1º. [3] Ibidem. [4] Ibidem artículo 4º. [5] Lay Agraria, articulo 13 [6] Ley Agraria, artículos 23 fracción VIII, 56 y 57. [7] Ley Agraria antes de la reforma, articulo 17. [8] Ley Agraria antes de la reforma, articulo 18. [9] http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/nov/20201119-VII.pdf [10] Ley Agraria antes de la reforma, articulo 37 [11] http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/nov/20201119-VIII.pdf [12] FAO.- Cerrar Brechas.- 2019 Judith Domínguez.- Análisis de la equidad de género en las formas de acceso a programas productivos y de gestión ambiental. PA.- Gisela Espinosa.- Mujeres campesinas en el umbral del nuevo siglo. PA.- Democracia interna en el Ejido. PA.- https://www.gob.mx/pa/articulos/la-procuraduria-agraria-promueve-la-renovacion-de-los-organos-de-representacion-y-vigilancia-de-ejidos-y-comunidades SEMARNAT Equidad de Género y medio ambiente, 2003 Soledad González Montes.- La violencia de genero en el campo mexicano: contribuciones recientes a su conocimiento. SAGARPA-FAO.- Análisis de perspectiva de género en el sector rural y pesquero de Mexico. SHCP.- Guía y pautas para la Igualdad de género.- 2017

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