105 Aniversario de la promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915
28 Aniversario de la Ley Agraria de 1992.
La desagrarización del Campo Mexicano, una breve reflexión.
por Nayar paredes
Observatorio Agrario A.C.
El 6 de enero de 1915, dentro de la disputa política y armada entre las fuerzas constitucionalistas y zapatistas, Venustiano Carranza, en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos y jefe de la Revolución, promulga la primera Ley Agraria, con la cual incorpora al proyecto constitucional mexicano triunfador de la revolución, los valores, demandas y Derechos Humanos de los Campesinos mexicanos.
Dicha ley agraria establece en su parte considerativa, en forma relevante, lo siguiente:
Que una de las causas que genera malestar y descontento en las poblaciones rurales del país, ha sido el despojo de los terrenos de propiedad comunal o de repartimiento que les había reconocido el Gobierno Colonial.
Que en esa misma condición se encontraban los poblados, también llamadas congregaciones, comunidades o rancherías que tuvieron su origen en alguna familia o familias que poseían en común extensiones más o menos grandes de terrenos, mismas que se mantuvieron indivisas por varias generaciones y que servían para su sustento; tierras que fueron despojadas por las llamadas compañías deslindadoras, así como también por invasiones y despojos de hacendados y terratenientes.
Que los derechos de los campesinos habían sido burlados por décadas, ya que los pueblos y comunidades carecían de personalidad jurídica para defender sus derechos, quedando a merced de los poderosos acaparadores de tierras.
Que privados los pueblos indígenas y las congregaciones y comunidades de sus terrenos, aguas y montes, la propiedad rural quedó concentrada en pocas manos, dejando a los campesinos a expensas de salarios miserables a cambio de su trabajo, beneficiándose con su trabajo a los poderosos terratenientes y, trayendo como consecuencia el estado de miseria abyección y esclavitud de hecho en que la enorme cantidad de campesinos han vivido y viven.
Que, en vista del expuesto, es palpable la necesidad de volver a los pueblos los terrenos que les han sido despojados, como un acto elemental de justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres.
El articulado de dicha ley agraria les otorga a los campesinos mexicanos el derecho recibir tierras resultado de las afectaciones a los latifundistas y de la anulación de las enajenaciones de tierras, aguas y montes que se perpetraron en perjuicio de los derechos de nuestros pueblos indígenas, congregaciones y rancherías.
En este mismo ordenamiento, se crearon las primeras instituciones agrarias como lo fueron: la Comisión Nacional Agraria, las Comisiones locales Agrarias, los comités particulares ejecutivos. instituciones que servirían para recibir las solicitudes de restitución de ejidos y de dotación de estos, y que dieron cause a la evolución del reparto agrario mexicano.
En su conjunto, las acciones de restitución, dotación y reconocimiento de derechos superficiales en México, entre otras, en favor de los campesinos y pueblos originarios, constituyeron el eje de la política agraria del artículo 27 constitucional, así como también la columna vertebral de la política social del México posrevolucionario entre 1915 hasta 1992.
La política agraria mexicana durante los tiempos del reparto agrario, no solamente significó la entrega de tierras a los campesinos y pueblos originarios en poco más del 51% del total del territorio nacional, sino que además, implicó o un enorme esfuerzo institucional y económico por medio del cual a los ejidos y comunidades se les dotó:
De clínicas y dispensarios médicos.
Escuelas rurales y normales rurales.
Bancos especializados en el crédito social.
Universidades rurales.
Transferencia de tecnología y modernización de procesos y técnicas de agricultura.
La regulación del mercado interno de productos agrícolas y la intervención del Estado en la comercialización agropecuaria.
La creación de infraestructura, caminos, agua potable y drenaje para las poblaciones rurales.
Almacenamiento, unidades logísticas e instrumentos que le permitieron a los campesinos incorporarse al desarrollo económico nacional.
Fue durante la fase agraria del México posrevolucionario que la industria alimenticia y otras industrias lograron crecer gracias a la articulación de la producción rural y los centros de consumo, generando un conjunto de círculos virtuosos que permitieron a la industria y a los campesinos mejorar sus condiciones, esto propiciado con la intervención del Estado social. Ya que debemos de recordar que muchas empresas mexicanas actuales, tienen su antecedente en empresas paraestatales financiadas por el Estado Mexicano, producto de un conjunto de políticas integrales de desarrollo social y de desarrollo empresarial, dentro de una perspectiva social del capital y la propiedad.
El desmantelamiento del Sector Social de producción fue producto de múltiples razones:
La corrupción,
La corporativización del campo,
La falta de inversión y tecnificación de las superficies sociales de producción.
El abandono de las políticas sociales que implicaron privilegiar a intermediarios, coyotes y especuladores,
La descapitalización del campesino social;
Los privilegios de la nueva clase campesina privada,
La liberalización y extranjerización del mercado nacional de alimentos,
El abandono de las políticas públicas de dotar de infraestructura, educación, salud, y condiciones sociales saludables a los campesinos sociales.
Entre muchas otras
Factores todos que provocaron el colapso del sector social agro productor. Reitero, producto precisamente del abandono de las políticas sociales y económicas orientadas al Desarrollo Social integral y la privatización el presupuesto destinado al Desarrollo Rural, se provocó la desagrarización del campo mexicano.
La desagrarización es el conjunto de políticas públicas y económicas, destinadas al desmantelamiento de la capacidad agro-productiva social nacional construida en el siglo XX, para entregárselas a los privados.
El discurso de la DESAGRARIZACIÓN establece que: la propiedad social es un estorbo para el desarrollo, implicando privilegiar la actividad de los campesinos capitalizados y articulados con el mercado interno y de exportación, a los agroindustriales nacionales y extranjeros, y el mercado extranjerizado de alimentos que concentra más del 70% del total de la distribución de alimentos nacionales por medio de tiendas de autoservicio, los que solamente le compran alimentos a empresarios y agroindustriales, desplazando a los productores y propietarios sociales ejidales y comunales.
Tendríamos que recordar que, durante la época del reparto agrario, el México del siglo XX vivió crecimientos arriba del 6% anual, entre las décadas de los años treinta hasta inicios de los años setenta; también tenemos que recordar que el campo mexicano siempre fue un factor de estabilidad política y social y, que el campo mexicano siempre ha sido el espacio en el cual la identidad nacional se encuentra más arraigada.
En contrapartida, quienes menospreciaron la agrariedad, quienes dijeron que los recursos destinados a los campesinos sociales eran un desperdicio, quienes dijeron que los bancos ejidales y que el Banrural eran innecesarios, fueron quienes terminaron apropiándose del presupuesto para el desarrollo rural entre la década de los noventas hasta la actualidad, es decir, el tercer presupuesto más grande de la ley de egresos mexicana, la destinada al Desarrollo Rural, fue capturada por empresarios, industriales, comerciantes, especuladores y coyotes los últimos 30 años en perjuicio de los campesinos sociales, quienes se vieron abandonados por el presupuesto federal y abandonados por el Presidente de la República.
Ya que desde el año de 1992 no ha habido un solo Presidente que vuelva articular un discurso agrario dirigido a los ejidatarios y comuneros de nuestro país, que son poco más de 5.5 millones de mexicanos, que viven en más de 48,000 poblaciones, y que sí queremos verlo en términos generales, la ruralidad nacional se encuentra representada por 30 millones de mexicanos que viven dentro del ámbito rural mexicano y que en la actualidad viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema más del 70%. Es decir, poco más de 21 millones de mexicanos que son dueños del 50% del total de la superficie nacional, viven en pobreza y pobreza extrema.
No obstante lo anterior, la desagrarización del campo mexicano implica precisamente que el capital privado se apropie de las oportunidades del desarrollo del campo social nacional.
En el campo social mexicano se encuentra:
68% del total de las tierras que requerirán la ciudad es para su crecimiento los próximos 20 años.
70% de las viviendas susceptibles de programas de regularización patrimonial.
Poco más del 70% de selvas y bosques nacionales.
Poco más del 60% de las reservas de agua limpia de nuestro país.
Se 65% de la capacidad de producción de alimentos mexicanos.
80% del total de la tierra con potencial para producir alimentos para el crecimiento de las superficies agro-productivas nacionales en los próximos 30 años.
60% del total de las superficies que requerirán la industria fotovoltaica y eólica para establecer centrales de generación eléctrica.
50% del total de la superficie que requerirán las carreteras, infraestructura, industria de hidrocarburos y en General todas aquellas iniciativas de desarrollo moderno.
67% del total de la superficie nacional con potencial minero y extractivo.
La desagrarización de la tierra nacional tiene como principal propósito la apropiación de las superficies, bienes, recursos y tierras que requerirán nuestros campesinos nacionales para garantizarse su subsistencia y su desarrollo en el México del siglo XXI.
Al respecto, Se hace preciso recuperar los valores del derecho agrario mexicano y la preservación de los derechos humanos de los campesinos, dentro de una sola agrariedad, en donde el desarrollo agrario y el desarrollo rural no sean políticas públicas diferentes, sino complementarias en una misma concepción institucional, emanada del gobierno, para desarrollar a los campesinos sociales del México moderno.
¡No puede haber México moderno sin campo moderno!, ¡no puede haber un México próspero sin un campo próspero!, ¡no puede haber un México saludable si los campesinos no reciben en sus poblaciones la salud la educación y la infraestructura para su desarrollo! No puede haber modernidad con la exclusión del campo mexicano del desarrollo económico nacional.
Le pedimos al gobierno federal que pare la desagrarización del campo mexicano, le pedimos al gobierno federal que fortalezca las instituciones agrarias nacionales, le exigimos al gobierno federal volver a dirigir un discurso agrario del siglo XXI a los campesinos mexicanos.
Desde el Observatorio Agrario proponemos lo siguiente:
Eliminar la corrupción del Registro Agrario Nacional, que recupere sus capacidades técnicas y tecnológicas para tener el catastro de la propiedad social más preciso de América latina, poniendo esa información en manos de los propietarios sociales para detonar su desarrollo territorial y agro productivo.
Fortalecer a la Procuraduría Agraria, otorgándole el protagonismo como ombudsman agrario en todas las operaciones en donde esté involucrada la tierra social, ya sean proyectos carreteros, de infraestructura, energéticos, eléctricos, urbanización, para que la propiedad social siga cumpliendo su función.
De igual manera proporcional a la procuraduría agraria la capacidad y facultad de emitir a las demás entidades de la administración pública Federal, Estatal y Municipal cuando los presupuestos y políticas públicas del gobierno discriminen o marginen a los campesinos mexicanos del desarrollo.
Fortalecer a los Tribunales Agrarios. ¡Ya basta de impartir justicia pobre para campesinos pobres! Independientemente de las discusiones de que si los tribunales agrarios se puedan incorpora al poder judicial o mantenerse como hasta la actualidad, lo importante es fortalecer sus capacidades de impartición de justicia, homologando su presupuesto cuando menos, al nivel de los tribunales de justicia administrativa mexicanos; dotándolos de la tecnología necesaria y del personal capacitado para atender a los campesinos y a la litigiosidad agraria que hoy día existen México.
De igual manera, garantizar al personal de los tribunales agrarios la oportunidad de convertirse en magistrados. ¡Ya basta de magistrados agrarios que llegan por recomendación y que no tienen la más remota idea del derecho agrario mexicano!
Ya basta de recomendados de diputados, ya basta de recomendados de senadores, ya basta de amigos del Presidente en tribunales agrarios. hay que hacer efectiva una justicia agraria en manoS de impartidores de justicia comprometidos con la propiedad social mexicana.
Garantizar a los campesinos de México en sus Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales se materialicen en los presupuestos Federal, Estatales y Municipales para que puedan recibir educación, salud, semillas, transferencia tecnológica, crédito oportuno, comercialización con precios justos.
Erradicar la especulación y el coyotaje.
Hacer efectiva dentro del marco legal mexicano, los derechos humanos de los Campesinos, en términos de la declaración de las naciones unidas en materia de derechos de los campesinos y de las personas que viven en el medio rural.
Garantizar a los campesinos de México extensionismo y asistencia técnica de calidad y multidisciplinaria, en donde los campesinos también puedan acceder a la explotación de sus recursos naturales, inmobiliarias sociales, plantas fotovoltaicas y eólicas sociales, minería social, agro industria en manos de ejidos y comunidades, alianzas estratégicas entre los centros de consumo y los territorios agro productivo sociales.
Obligar a las tiendas y cadenas de autoservicio a que un porcentaje importante de sus compras y de sus anaqueles tengan productos de campesinos sociales mexicanos, como un tema de JUSTICIA, pero también común tema de garantizarle el derecho humano al mercado a los campesinos sociales mexicanos, quienes requieren reincorporarse al desarrollo nacional, sin demeritar la lógica del mercado.
El observatorio agrario iniciará un conjunto de actividades en el país a efectos de impulsar la erradicación de políticas que implique la desagrarización del campo mexicano.
Por un campo agrario y sustentable.
Por una nueva revolución agraria.
En la tierra de México está la oportunidad de hacer justicia y traer prosperidad.
Nayar Paredes.