Democracia y los Derechos Sociales:
La falta de un discurso Agrario en la democracia.
¿México tiene un Estado social? ¿Los derechos sociales tienen eficacia en la democracia mexicana? Desde 1992, no recuerdo ningún discurso del Estado Mexicano que denote la existencia de una intención programática para el sector agrario. Es más, desde Ernesto Zedillo Ponce de León solo recuerdo los logros del procede y la intensiva y extensiva certificación de la propiedad social en México. Recuerdo aquella promesa en que darle a los campesinos certidumbre en la tenencia de la tierra, sería el instrumento para incorporarlos al desarrollo nacional. Aún sigo en espera de que se cumpla…
En 1991, se daba por terminado el reparto agrario ¡México se abría al mundo! Se inauguraba así una era democrática y de prosperidad económica. Pero esa democracia y ese libre mercado no contemplaba a los titulares de 102 millones de hectáreas como sujetos del Desarrollo, 51.4 % del total del territorio Nacional en manos de 5 millones de titulares; no incluyó a poco más de 32,000 núcleos agrarios como organizaciones incluidas en los proyectos de inversión e inclusión a la actividad económica nacional, excluyendo así a más de 19 millones de sujetos agrarios, avecindados y posesionarios, mexicanos todos, que hoy engrosan a la población en pobreza y pobreza extrema de nuestro país.
Cuando los ideales revolucionarios se materializaron en la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, condensados por Luis Cabrera, los que se encumbraron en el texto del artículo 27 constitucional de 1917; el Estado Mexicano posrevolucionario le dio un sentido social a la propiedad, reconociendo que la distribución de la tierra le daba movilidad a la riqueza nacional, permitiendo que los beneficios de los recursos propiedad de la nación pudieran distribuirse en forma equitativa, plena y completa a través de la desconcentración de la propiedad superficial para entregárselas a las masas campesinas entusiasmadas en participar en la reconstrucción de un solo México.
El reparto agrario entonces sirvió para pacificar a los levantados, sirvió para colonizar el territorio de un México que aún administraba territorios; el reparto agrario permitió la consolidación de las ciudades, produjo la expansión de la economía nacional en forma horizontal. Pero el reparto agrario también fue un instrumento político que permitió la consolidación del nacionalismo revolucionario mexicano que gobernó durante 70 años; régimen que curiosamente, no requería de tanta democracia. El reparto agrario sirvió para crear una revolución verde y también un voto verde, elementos indisolubles de lo que el mundo llamó el milagro mexicano en la década de los sesentas.
El nacionalismo revolucionario abrazó en su discurso los mandatos sociales de la constitución del 17, ya que el discurso del Estado representa su conciencia e intención programática, discurso y narrativa institucional que construyo: la educación gratuita, relaciones laborales estables, distribución de la tierra, incentivos a los industriales mexicanos, desarrollo de infraestructura. Hoy podemos criticar a muchas de esas instituciones pero no al discurso social que las creó.
Los saldos del abandono del discurso social se pueden ver en el 1% del total de la población nacional que se ha apropiado del 43% del total del Producto Interno Bruto.
En el Agro, de las poco más de 30.2 millones de hectáreas que constituyen la superficie agrícola nacional, 7.5 millones de hectáreas presentan condiciones de abandono o falta de producción; se observa que el 24% de la 6.4 millones de unidades de producción en el país, tienen problemas en el desarrollo en sus actividades agropecuarias a causa de la vejez, enfermedad, o invalidez del productor; además, el 21% de esas unidades declaró tener problemas por falta de acceso al crédito; 52% carece o le falta capacitación y asistencia técnica y el 83% tiene problemas por falta de apoyos para ser competitivos.
La apertura económica nacional ha permitido que mineras extranjeras tengan la concesión de una superficie casi equivalente al total de la propiedad social en México; con esta excusa, se han concesionado centros ceremoniales, reservas ecológicas, recursos mineros submarinos, que en muchos casos se encuentran dentro de propiedad social. Las costas mexicanas que fueran propiedad de ejidos y comunidades agrarias, han sido adquiridas por compañías extranjeras y nacionales que han concentrado en su beneficio el desarrollo turístico, dejando a los campesinos y sujetos agrarios como meseros, lancheros, y prestadores de servicios menores de esa industria.
En materia de infraestructura, el Estado mexicano ha ocupado miles de hectáreas propiedad de ejidos y comunidades agrarias, para alojar proyectos de infraestructura, dejando de pagar el Derecho de vía respectivo en muchas ocasiones. La falta de oportunidades y la falta de calidad de vida en las comunidades campesinas, ha motivado un masivo desplazamiento de la población campesina a la ciudades, lo que originó asentamientos humanos desordenados, cinturones de miseria, ciudades perdidas; las que en su mayoría se encuentran alojadas en tierras de otros campesinos que tuvieron la fortuna, o quizás la desfortuna de ser conurbadas.
Macroeconómicamente, podemos decir que el 51.4 %del total del territorio nacional que constituye la propiedad social, solamente participa en el 3.8 por ciento del total del Producto Interno Bruto nacional. Sin embargo, en la propiedad social se encuentra el 67% del total de las selvas y bosques nacionales, se encuentran también poco más del 54% del total del agua potable accesible, pertenece a la propiedad social el 63% del total de las 510,000 hectáreas que requieren la ciudades para su desarrollo en los próximos 20 años; están disponibles valiosos recursos energéticos, hidrocarburos, geotérmicos, eólicos y solares, Hay oportunidades!!!
Entonces, ¿es la propiedad social un obstáculo para el desarrollo nacional? yo creo que no. El régimen de propiedad social mexicano representa desde luego una oportunidad relevante para distribuir la riqueza nacional en forma horizontal, completa, plena. Es un instrumento que permite a los ciudadanos mexicanos más pobres de este país acceder en forma efectiva al Desarrollo de largo aliento. Está en la propiedad social, precisamente, la oportunidad para involucrar en el desarrollo nacional a esa población que tiene las posibilidades patrimoniales que les da la tierra y su derecho al territorio, para incrustarse en forma efectiva al desarrollo nacional.
Los sujetos agrarios de este país pueden, desde luego, participar como sujetos del desarrollo y no solamente como aportantes de tierra para los proyectos industriales y económicos de terceros; los sujetos agrarios deben de ser, de nueva cuenta, un protagonista en el Discurso del Estado, un factor de soberanía, un factor distributivo, un factor que se sume a la solución de la desigualdad en México.
Conforme a lo anterior, desde luego que se hace necesario reconstruir el discurso agrario mexicano del siglo XXI. Requerimos desde luego recuperar al Estado Mexicano social, darle eficacia sustantiva a los postulados sociales de la constitución del 17, hacer que los ideales de la justicia social sean una realidad tangible y no solo promesas programáticas.
derechos humanos y derechos económicos sociales y culturales.
Como ya dijimos, la democracia mexicana se apartó del Estado social Constitucional. El discurso del Estado se concentró en promover en el mundo el desarrollo económico, el libre mercado, aperturas comerciales, convocar inversiones extranjeras, incentivar la industria
extractiva y desarrollar una nueva clase industrial. En contraparte, la educación pública se abandonó, las relaciones laborales perdieron derechos conquistados por las clases trabajadoras y el campo se ha venido empobreciendo cada vez más; como consecuencia tenemos una enorme desigualdad, la más grave de los países que conforman la OCDE.
No obstante todo lo anterior, en esta idea de ampliar el concepto de soberanía, el Estado mexicano admitió reconocerle rango constitucional a todos y cada uno de los tratados que contienen derechos humanos, así como también, derechos económicos sociales y culturales. Podemos estar de acuerdo o no, con la reinterpretación de la soberanía que resulta con la adopción de un régimen constitucional ampliado por instrumentos de fuente internacional. Pero la preocupación de los que integramos parte del sector social de la población, nos ocupa velar por su correcta implementación y materialización en las diversas realidades nacionales.
Tanto los derechos humanos de fuente internacional, así como los derechos sociales contenidos en la constitución, hoy día tienen que interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En este mismo tenor, todas las autoridades que constituyen el Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como también los derechos sociales, atendiendo irreductiblemente los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Dentro de este nuevo marco constitucional de derechos y garantías, surge la oportunidad de re contextualizar el discurso agrario mexicano, el cual contiene las aspiraciones de la revolución mexicana, pero también ahora contiene conquistas sociales de fuente internacional como lo son: Derechos indígenas, Derecho a la propiedad, Derecho a la Salud, Derecho a un medio ambiente sano, Derecho a la alimentación, derecho a la ciudad, derechos al desarrollo, derechos al territorio, derecho efectivo a la educación, a la vivienda digna, a la biodiversidad. Derechos todos que desde luego se contienen en forma sustantiva en el derecho agrario mexicano.
El Derecho agrario mexicano, en sus dimensiones constitucional, Legal, poblacional y territorial, dadas sus características, se contienen temas de orden público e interés social como lo son: Alimentación y seguridad agroalimentaria; ambiente y ecología; urbanización y desarrollo. Esta configuración vertical y trasversal, permite desde luego construir un nuevo discurso, uno que incluya a los campesinos, a los indígenas y a los citadinos en un mismo plano, a los industriales con los productores, a los inversionistas con los propietarios de la tierra, al Estado con los sujetos agrarios; un nuevo discurso en condiciones de equidad y con una renovada visión de futuro, visión que es necesaria para los tiempos difíciles que se avecinan.
Ciudad de México. Octubre de 2015
Lic. Nayar Emilio Paredes Nieto