PETICIÓN de RECONSIDERACIÓN de las medidas de austeridad aplicadas a los Tribunales Agrarios, a la P

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ASUNTO: PETICIÓN de Reconsideración de las medidas de austeridad aplicadas a los Tribunales Agrarios, a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional ejecutadas por la SHCP, por virtud del Decreto Presidencial de fecha 22 de abril de 2020, publicado en el DOF el día siguiente a su emisión.


Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020.

C. Lic. Andrés Manuel López Obrador.

Presidente Constitucional de los

Estados Unidos Mexicanos.


Para su atención, con copia para:

Lic. Luis Ángel López Escutia.

Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario.

Mtro. Luis Rafael Hernández Palacios Mirón.

Procurador Agrario.

Sen. Mario Zamora Gastelum.

Presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la Republica.

Dip. Hugo Rafael Ruiz Lustre.

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Diputados.

PRESENTE:

___________________________________________________________________

Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: Por este medio aprovechamos la presente comunicación, primeramente, para solidarizarnos con los esfuerzos que realiza su gobierno en aras de mejorar las condiciones de vida de los campesinos de México, así como también, con el ímpetu de su administración en alcanzar la soberanía alimentaria en el México del siglo XXI. Sabemos que no es fácil, pero reconocemos que cuando menos existe esa intensión en el discurso presidencial.



En este mismo sentido, el Observatorio Agrario Asociación Civil por nuestro conducto, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos el ubicado en Av. Baja California número 281, interior 204, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, C.P. 06140; indicando como dirección de correo electrónico para comunicaciones relacionados con el presente documento el siguiente: observatorioagrariomex@gmail.com y; autorizando para oír y recibir notificaciones y documentos relacionados con la presente petición a los CC. Lic. Nayar Emilio Paredes Nieto y Abraham Jiménez Sevilla con todos respeto ponemos a su consideración y decisión.


Los suscritos integrantes del Observatorio Agrario, juntamente con ejidatarios, comuneros, jornaleros abogados especializados en materia agraria, topógrafos y demás profesionistas al servicio de los campesinos y, demás integrantes de la clase campesina en nuestro país, le pedimos a usted, a los legisladores de las Cámaras de los Diputados y de los Senadores, así como a los funcionarios que integran la Administración Pública Federal:


Se reconsideren las medidas de austeridad que están siendo aplicadas a los Tribunales Agrarios -órganos impartidores de justicia agraria por mandato constitucional-; a la Procuraduría Agraria -Ombudsman agrario por mandato constitucional- y el Registro Agrario Nacional -Instituto registral agrario-, las cuales tienen su origen en el cumplimiento del Decreto Presidencial de fecha 22 de abril del año 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente.


A.- Tales medidas restringen y obstaculizan la impartición y procuración de la justicia agraria, conculcándose así los derechos sustantivos de los ejidatarios, comuneros, posesionarios, avecindados y pueblos originarios, como los son:

· El acceso a la justicia;

· La garantía de legalidad;

· La autonomía de jurisdicción;

· La procuración de justicia agraria;

· Certeza jurídica en la tenencia de la tierra;

· El derecho a la salud;

· entre otras conquistas campesinas.

B.- El decreto, por sus efectos, Implica la materialización de violaciones a los derechos humanos de los campesinos y pueblos originarios, con relación a la jurisdicción agraria, ya que se conculca la autonomía constitucional de los Tribunales Agrarios en menoscabo de los derechos de los campesinos sociales mexicanos.

C.- En el mismo sentido, la austeridad decretada por el titular del ejecutivo a la administración pública federal, implica un trato discriminatorio a la clase campesina, a los pueblos indígenas y a los propietarios sociales mexicanos (ejidatarios comuneros, avecindados, posesionarios, colonos agrícolas, nacionaleros, etc).

Esto es así, dado que en la actualidad la Justicia Federal, Electoral, Administrativa y del fuero común en algunas Entidades, han adquirido capacidades y medios tecnológicos para impartir justicia a distancia/virtual, garantizándose así el acceso a la justicia en condiciones de seguridad y salud para los justiciables y el personal jurisdiccional.

Sin embargo, las medidas de austeridad le impiden a los Tribunales Agrarios, la Estructura Territorial de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, tener recursos para adquirir capacidades institucionales y tecnológicas para que los justiciables y sujetos agrarios tengan acceso a la justicia agraria e información de sus derechos a distancia y por medios digitales.

Por lo cual, la austeridad decretada por el titular del Ejecutivo implica un trato diferenciado a los campesinos mexicanos, ya que recibirán una justicia precaria y disminuida con relación a otros justiciables.

Al respecto, se hace importante considerar que durante la emergencia sanitaria por le COVID 19: los campesinos, hombres y mujeres del campo, junto con sus familias fueron considerados DENTRO de las ACTIVIDADES ESENCIALES[1] por la secretaria de Salud federal, quienes salieron a trabajar al CAMPO EXPONIENDO sus vidas para darnos de comer durante la jornada de sana DISTANCIA EN los meses de marzo, abril mayo, JUNIO y julio de 2020.

D.- Y, por último: la precarización y reducción al presupuesto de los Tribunales Agrarios, de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario nacional, constituyen actos regresivos que menoscaban el derecho humano a la justicia agraria de los campesinos, y pueblos originarios, dado que tales medidas de austeridad implican:

· Que los Tribunales Agrarios no tengan donde ejercer jurisdicción ya que no tienen dinero para pagar la renta de sus instalaciones, y cambiar de locales, implica retrasar más tiempo la justicia de los campesinos por la mudanza.

· Disminuir los servicios y capacidades de jurisdicción que prestan los Tribunales Agrarios a los justiciables (topografía, audiencia campesina y sanitización de instalaciones en Tribunales Unitarios, equipo básico de protección, cómputo, impresión, fotocopiado, entre otras);

· Le resta capacidades y servicios a la Procuraduría Agraria para defender los DDHH de los Campesinos en temas tales como: asistencia y asesoría a ejidatarios, atender asambleas ejidales, gestionar la defensa de los sujetos agrarios ante las instituciones y frente a los particulares, se les quita recursos para la adquisición de gasolina y mantenimiento de vehículos para la estructura territorial, etc.).

· Se precarizan los servicios del catastro rural, el archivo general agrario y, los servicios técnicos y registrales que presta el Registro Agrario Nacional, privilegiando la corrupción de la institución, el despojo de bienes, tierras y derechos en perjuicio de ejidatarios y comuneros.

Estas instituciones (TA, PA, RAN) significan conquistas y bienes sociales constitucionalmente irreductibles de la clase campesina y pueblos originarios y, al restarles recursos, se les resta autonomía y calidad institucional, reduciéndose ASÍ la capacidad de atención de los reclamos de justicia y desarrollo de los campesinos más pobres de nuestro país.


Lo anterior de conformidad con lo siguiente:


1.- Emergencia Sanitaria por el “COVID 19” y medidas tomadas por el Estado Mexicano:


1.1.- Desde el mes de diciembre del año 2019, en la ciudad de Wuhan, Capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, se suscitó un brote epidémico ocasionado por un coronavirus al que se identificó como virus SARS -Cov2, llamado en forma generalizada como “COVID 19”. Por su alto factor de contagio, el mundo entero se encuentra en un escenario de pandemia[2], la cual afecto a México a partir del mes de febrero del año 2020.


1.2.- El Gobierno Mexicano, reaccionando ante esa emergencia sanitaria, estableció un conjunto de acciones y medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2, para lo cual, medularmente resultan relevantes los siguientes:


1.2.1.- Acuerdo del Consejo de Salubridad General de fecha 19 de marzo de 2020[3], publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 del mismo mes y año, por medio del cual se reconoce la epidemia en México, de la enfermedad por el virus SARS -Cov2, llamado “COVID 19”.


Acuerdo en el cual, en forma relevante, el Consejo de Salubridad General reconoce la condición de epidemia en México de dicha enfermedad, definiéndola como grave y de atención prioritaria.


De igual manera, dicho consejo sancionará las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de dicha enfermedad para su coordinación por la Secretaría de Salud y para su implementación por las dependencias y entidades de la administración pública federal, los poderes legislativo y judicial, las instituciones del sistema nacional de salud, los gobiernos de las entidades federativas y, diversas organizaciones de los sectores social y privado.


1.2.2.- Decreto del C. Presidente de la República, de fecha 27 de marzo de 2020[4], publicado en el Diario Oficial de la Federación el mismo día, por medio del cual se declaran diversas acciones extraordinarias en el territorio nacional a efectos de dar atención prioritaria a la epidemia.


En forma relevante tales acciones extraordinarias consisten en las siguientes:


I. Utilizar como elementos auxiliares todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas y en las colindantes;

II. Adquirir todo tipo de bienes y servicios, a nivel nacional o internacional, entre los que se encuentran, equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla;

III. Importar y autorizar la importación, así como la adquisición en el territorio nacional de los bienes y servicios citados en la fracción anterior, sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno, por las cantidades o conceptos necesarios para afrontar la contingencia objeto de este Decreto;

IV. Llevar a cabo las medidas necesarias para evitar la especulación de precios y el acopio de insumos esenciales necesarios de los bienes y servicios a que se refiere la fracción II del presente artículo, y

V. Las demás que se estimen necesarias por la Secretaría de Salud.


1.2.3.- Acuerdo del Consejo de Salubridad General de fecha 30 de